El 16 de mayo se cumplió un año de la elección de la asamblea constituyente en Chile, y no había aire festivo. El entusiasmo se desvaneció gradualmente, dando paso a la indiferencia. El proyecto de nueva constitución está listo. Solo falta el trabajo de tres comisiones: el comité de armonización, que tendrá que reunir las diferentes partes para hacer un texto coherente; el de las normas transitorias, que definirán la transición entre el antiguo y el nuevo régimen; y la del preámbulo, que añadirá un primer texto a un proyecto demasiado retórico.

Si queremos hacer un balance de estos 365 días, podemos decir que la convención no ha logrado mantener la confianza de los chilenos. Hace un año, según la encuesta Cadem, el 63% de los ciudadanos creía en la asamblea. A diferencia de la élite política tradicional, la asamblea se parecía más al Chile real: la mitad de los votantes eran mujeres; la edad promedio fue de 45 años; dos de cada tres habían estudiado en colegios públicos o homologados; muchos habían estudiado en un nivel superior, pero vivían en mundos diferentes al del círculo de poder de Santiago. Esta identificación ha fracasado: hoy, sólo el 25% de los chilenos aprueba el trabajo de la asamblea.

En parte se debe a los excesos, excentricidades y errores de ciertos principales. Por la pandemia, la falta de tiempo y el orgullo de alguien, la asamblea cerró en su torre de cristal y perdió el contacto con la ciudadanía. El gran diálogo nacional necesario para llegar a un pacto social no se ha producido. A esto se sumó una campaña de desinformación sistemática sobre el texto constitucional.

Pero el problema es más profundo. La apreciación de los chilenos sobre los asambleístas, cualquiera que sea su comportamiento, no es mejor que la reservada a los senadores o diputados. El propio presidente Gabriel Boric (izquierda), quien recientemente llegó al poder con las elecciones más participativas de la historia de la república, ha visto decaer su popularidad en tiempo récord.

Es la idea misma de representación la que está en cuestión. Los ciudadanos no quieren delegar su poder en un presidente. No importa si es viejo o joven, si tiene experiencia o si es un novato, si pertenece a la élite o al pueblo: está investido de desconfianza en cuanto se viste con las vestiduras de la autoridad. Es un fenómeno global: los ciudadanos rechazan cualquier mediación como una trampa.

Pero, ¿significa esto que la constitución está condenada? No es seguro. Dos tercios de los constituyentes llevaron a cabo la tarea que se les encomendó. Las ideas más radicales, que se han discutido en los últimos meses, se han quedado fuera del texto final. Como dijo Máximo Pacheco, presidente de la estatal Codelco, en ciertos temas económicos como el derecho de propiedad, el texto “está a la derecha de muchas constituciones europeas, como la alemana”. En temas sociales como salud o pensiones, se han eliminado las distorsiones que quedaron de la época de la dictadura de Pinochet, pero corresponderá a los legisladores afinar el funcionamiento de los nuevos sistemas.

La misma encuesta de Criteria que da el no a favor del referéndum de septiembre indica que la mayoría de los chilenos piensa que, si gana el sí, “los derechos sociales estarán garantizados”, “la democracia funcionará mejor” y “la economía volverá a crecer”. . . El triunfo del no, en cambio, se asocia con “la decepción y la frustración” y “un modelo económico más injusto”.

En algún momento será posible analizar los méritos, las luces y las sombras de la nueva constitución. ◆ en

Daniel Matamala es un periodista chileno nacido en 1978. Trabaja para CNN Chile.