La decisión de retirar las querellas que mantienen en prisión a los detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad del Estado ha sido anunciada por las nuevas ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, que entran en vigor hoy.
Horas después de asumir, el nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric anunció “el retiro inmediato de 139 denuncias en virtud de la Ley de Seguridad del Estado”.
En un texto firmado por los ministros del Interior y de Justicia, informa que “tras un trabajo conjunto, las ministras Izkia Siches y Marcela Ríos anunciaron como una de las primeras medidas gubernamentales el retiro inmediato de 139 denuncias en el marco de la Ley de Seguridad del Estado (LSE), presentadas como parte del despertar social. La medida fue una promesa hecha en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y tiene como objetivo que la LSE no sea utilizada para una persecución injusta y desproporcionada”, agregó el comunicado. “La nueva ley también establecerá un Comité de Reparación para las víctimas de abusos a los derechos humanos, que estará encabezado por la Subsecretaria Haydee Oberreuter.
El Ministerio de Economía también apoyará a las micro, pequeñas y medianas empresas de los sectores afectados en el marco de las movilizaciones del despertar social, las cuales han sufrido de manera directa graves afectaciones en sus fuentes de ingresos. En el marco del Programa de Recuperación Incluyente, se destinarán recursos para reactivar los barrios y espacios afectados, asegurando que vuelvan a estar disponibles para el emprendimiento.
Para el gobierno del presidente electo Gabriel Boric es importante la voluntad política para restaurar la confianza y avanzar hacia la paz social”, concluyen los ministros.
La noticia era esperada con ansias por los muchos presos políticos injustamente detenidos sin juicio durante el despertar social brutalmente reprimido por el gobierno saliente de Sebastián Piñera. Esta medida también fue solicitada por Boric poco después de su elección, para que el Senado retirara los procesamientos basados en la Ley de Seguridad Nacional del Estado, un tema que el Congreso no ha abordado.
Esta medida es también una clara señal a favor de quienes allanaron el camino para el cuestionamiento del modelo social y, en definitiva, favorecieron el surgimiento de la nueva generación que ahora gobierna Chile.
Traducción del español por Anna Polo
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