Si se supusiera que el rechazo a la nueva Constitución en el referéndum del 4 de septiembre hubiera desplazado mucho más a la derecha el centro de gravedad de la política chilena, el Acuerdo por Chile, como se denominó al nuevo proceso constituyente, supera incluso lo peor Expectativas.

Qué poca prueba de la legitimidad democrática del nuevo proceso muestra el peso otorgado a la comisión de 24 “expertos” -designada por el Congreso- que tendrá la tarea, a partir de enero, de redactar una nueva Constitución.

Sobre todo porque a falta de una definición de los requisitos exigidos para ser considerados “peritos”, todos los nombramientos serán totalmente discrecionales.

EL PROYECTO ESCRITO por tanto, la comisión será “discutida y aprobada”, en un período de 5 meses (del 21 de mayo al 21 de octubre de 2023), por un Consejo Constitucional integrado por 50 personas (25 hombres y 25 mujeres, más los escaños asignados a los nativos ) elegido en abril con las polémicas reglas electorales del Senado (que siempre ha sido la más conservadora de las dos Cámaras) y sobre la base de listas compuestas exclusivamente por partidos o alianzas de partidos, por lo que los independientes solo pueden aspirar a sumarse a ellos.

Pero eso no es todo: los artículos que no sean aprobados por los 3/5 de los asesores, ni rechazados por los 2/3, serán sometidos a una comisión mixta compuesta por seis asesores y seis expertos, quienes decidirán la suerte de las normas contradictorias.

Finalmente, una comisión técnica de admisibilidad integrada por otros 14 expertos designados por el Senado será convocada, por mayoría de 4/7, para identificar, artículo por artículo, las contradicciones con la base institucional del Acuerdo por Chile: 12 cuestiones acordadas por los partidos que mantienen la esencia de la Constitución de Pinochet, tanto en cuanto al modelo económico como al sistema político, con el agregado de fórmulas rituales como la del “Estado democrático y social de derecho”, vaciado de todo contenido en cuanto vinculado a la principio de “sujeto al impuesto”.

Si bien ha desaparecido toda referencia a la plurinacionalidad: “La Constitución – reza el texto del acuerdo – reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas”.

PARA CONCLUIR el proceso será entonces un plebiscito de ratificación con votación obligatoria fijada para el 26 de noviembre.

“Una vez más, a pesar de las dificultades, hemos decidido resolver los problemas de la democracia con más democracia y no menos”, fue el singular comentario de Gabriel Boric antes de la firma del acuerdo, el 12 de diciembre, tras casi 100 días de negociaciones, por 14 partidos, desde Udi hasta Frente Amplio y Partido Comunista, excluyendo Partido

Republicano de extrema derecha. Más tres movimientos de la campaña del plebiscito del 4 de septiembre, empezando por Amarillos por Chile, que, tras el papel jugado a favor de Rechazo, se ven legitimados como actores políticos a pesar de la ausencia de representación parlamentaria.

Un comentario, el de Boric -ahora el fantasma del joven presidente que había despertado apresuradamente los sueños de la izquierda internacional-, en la línea de las declaraciones realizadas a finales de noviembre con motivo de la inauguración de la estatua de Patricio Aylwin, el primer presidente de la aún inconclusa transición democrática, cuando saludó la política de cambios “en la medida de lo posible”.

TERMINADO El exponente del Partido Comunista y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también inclinó la cabeza, a pesar de haber instado días antes al partido a no firmar “un acuerdo que traiciona el mandato del pueblo que nos eligió”, recordando cómo “el escenario de la realpolitik o la política de sólo posibilidades y conduce siempre a favorecer a los que no quieren que haya cambios”.

Después de firmar, sin embargo, se tragó el sapo, anunciando su rendición en Twitter: “Los fantasmas de la democracia protegida persisten en el trato. Faltaron coraje y convicción, pero vamos a sumarnos al proceso para luchar por el espacio con los que se creen los dueños de Chile”.

Entre los movimientos populares, por supuesto, la condena es inapelable: lo que expresa el Acuerdo por Chile, denuncian, es la nostalgia del régimen de democracia resguardado tras el fin de la dictadura, unido al temor de que ‘un acuerdo fallido solo fomentan la inestabilidad política y provocan más protestas.

Es, dicen, la negación de la soberanía popular, una lápida a los agravios y esperanzas de cambio suscitadas por la rebelión de octubre de 2019. Hasta, claro, el próximo estallido social.