El resultado del plebiscito chileno devolvió al país al legado de la dictadura militar golpista encabezada por el general Pinochet. La victoria del frente rechazo (negación) tiene detuvo el proceso de cambio político estalló con las revueltas estudiantiles de 2018. Así, el proceso de cambio empujado desde abajo, por la sociedad civil contra el establishment y los partidos tradicionales, que vio el protagonismo de estudiantes, jóvenes, mujeres y sindicatos, y su vinculación con las reivindicaciones de las poblaciones indígenas.

I’estallido, la explosión de la protesta popular obligó a la derecha y al gobierno de Piñera a aceptar el proceso constitucional, para luego renunciar y permitir el triunfo de la coalición que logró recoger el voto de los movimientos social, estudiantil, ambiental, de derechos civiles, que llevó al joven Gabriel Boric (exdirigente estudiantil, militante comunista) como nuevo presidente de Chile. Con la votación de ayer, Chile debe más bien de la constitución dictada por la dictadura militar Golpe del General Pinochet en 1980.

Cerca de doce millones de chilenos expresaron su voto rechazando o aprobando el nuevo texto constitucional redactado por la Asamblea Constituyente: el 72% lo rechazó (rechazo), 38% lo aprobó (apruebo). Un resultado que hace que uno se pregunte cómo fue posible que en el plebiscito de octubre de 2020 el 78% de los chilenos votara a favor de cambiar la constitución. Pinochetista durante. dos años después, poco más de un tercio de los electores confirman esta voluntad, negando de hecho la labor de la constituyente y el protagonismo sin precedentes de las fuerzas sociales.

A partir de la redacción final del texto aprobado y objeto del plebiscito, en efecto, las primeras reacciones destacaron de inmediato la riesgo de división principal en el país, no la posibilidad de un nuevo pacto de convivencia nacional. Las propuestas incluidas en la nueva constitución propuesta incluían, entre otras cosas, el pleno reconocimiento de los reclamos de los pueblos indígenas. Esto hubiera transformado a Chile en una república plurinacional, como ya sucedió en Bolivia, donde los pueblos indígenas constituyen casi el 50% de la población. En Chile representan poco más del 10%, pero la herida sigue abierta entre los habitantes del país mapuche y la nación chilena. Otro elemento rechazado por los poderes consolidados es la descentralización o regionalización de poderes que preveía la sustitución del Senado por una Cámara de Regiones. En Chile, como en muchos países latinoamericanos, todo se decide en la capital y las regiones están sin poderes, o con apoderados pero sin recursos.

La campaña mediática contra el nuevo texto constitucional utilizó todos los medios, incluso desinformación y mentiras, para asustar al electorado. Pero los chilenos también acudieron a votar sabiendo que, de prosperar el rechazo, el estrecho acuerdo entre el gobierno y la oposición permitiría a los partidos presentes en el parlamento recuperar su mandato político para reformar la constitución.

Así sucedió y así funcionarios electos tomaron el escenario, con la esperanza de que la plaza y la protesta popular, así como el gobierno de izquierda producido la temporada anterior, acepten la derrota. Los próximos días y los próximos movimientos del ejecutivo y parlamento nos harán entender si estamos ante una nueva normalización o si Chile volverá a ser un laboratorio social y de innovación de los últimos años. Mientras tanto, partimos del legado de la dictadura.

Sergio Bassoli, CGIL Área de Políticas Europeas e Internacionales