por Paolo Menchi –

Cuando, a finales de 2019, Chile se vio afectado por una serie de violentas protestas callejeras contra la política social del gobierno de entonces, el tema de las pensiones fue uno de los más citados.
Por lo tanto, es comprensible que el gobierno de izquierda del presidente Boric, en el poder desde hace unos meses, haya colocado la reforma de las pensiones al frente de las reformas a implementar y ya haya presentado una propuesta que pronto será llevada al Parlamento.
El actual modelo de pensiones fue creado en 1980, en la época de la dictadura de Pinochet, y se basa en el ahorro obligatorio de los trabajadores que es administrado por las AFP (sistema de fondos privados), y desde 2008 y gracias al gobierno de Bachelet, existe también una pensión básica solidaria que consiste en un aporte del Estado para los más desfavorecidos.
Según datos difundidos por el Presidente, actualmente en Chile el 72% de las pensiones están por debajo del salario mínimo y el 25% de los jubilados reciben una pensión por debajo de la línea de pobreza, mientras que las AFP obtienen enormes ganancias, aun cuando los resultados de los fondos son negativos.
El proyecto de ley prevé un sistema mixto de pensiones, compuesto por aportes del Estado, el empleador y el trabajador, y la creación de una entidad administradora de fondos públicos para acabar con la exclusividad privada.
Los empleadores contribuirían gradualmente hasta un máximo del 6%, mientras que los empleados pagarían el 10,5% de su salario y lo que ingresara al fondo colectivo seguiría siendo de propiedad individual y heredable.
La nueva ley prevé también el establecimiento de pensiones por trabajo doméstico y de cuidados, labores que, en la mayoría de los casos, son desempeñadas por mujeres.
Además, se prevé un aumento de la PGU (pensión universal garantizada) de la que se benefician las personas de bajos ingresos.
El principal problema que lleva a la reestructuración del sistema de pensiones es que será financiado por una reforma fiscal actualmente en discusión en el parlamento, con la oposición luchando por mantener los derechos adquiridos por ciertas categorías que tendrían que renunciar a sus privilegios para recuperar fondos para asignar a reformas sociales, principalmente a reformas de pensiones.
No hay que olvidar que Chile, si bien viene de años de crecimiento, el próximo año será el único país de la región latinoamericana en recesión y los problemas económicos internacionales que han incrementado la inflación han provocado la popularidad de Boric, quien podrá contar con un poco de apoyo popular para llevar a cabo sus proyectos.