por Paolo Menchi –

Cuando Chile fue golpeado por una serie de violentas protestas callejeras contra la política social del gobierno de entonces a fines de 2019, el tema de las pensiones fue uno de los más citados.
Por lo tanto, es comprensible que el gobierno de izquierda del presidente Boric, en el poder desde hace unos meses, haya colocado la reforma de las pensiones a la cabeza de las reformas a implementar y ya haya presentado una propuesta que pronto será llevada al Parlamento.
El actual modelo de pensiones fue creado en 1980, en la época de la dictadura de Pinochet, y se basa en el ahorro obligatorio de los trabajadores que es administrado por las AFP (sistema de fondos privados), y desde 2008 y gracias al gobierno de Bachelet, existe también una pensión básica solidaria que consiste en un aporte del Estado para los más pobres.
Según datos publicados por el Presidente, actualmente el 72% de las pensiones en Chile están por debajo del salario mínimo y el 25% de los jubilados reciben una pensión por debajo de la línea de pobreza, mientras que las AFP obtienen grandes ganancias, incluso cuando los resultados del fondo son negativos.
El proyecto de ley prevé un sistema mixto de pensiones, compuesto por aportes del Estado, los empleadores y los trabajadores, y la creación de una entidad administradora de fondos públicos para acabar con la exclusividad privada.
Los patrones contribuirían con participaciones progresivas hasta un máximo del 6%, mientras que los empleados pagarían el 10,5% de su salario y lo que ingresara al fondo colectivo sería siempre de propiedad individual y sería hereditario.
La nueva ley también prevé la institución de pensiones para el trabajo doméstico y social, tareas que, en la mayoría de los casos, son realizadas por mujeres.
A esto se suma un aumento en la PGU (pensión universal garantizada) que reciben las personas de bajos ingresos.
El principal problema para lograr la reestructuración del sistema de pensiones es que su financiación está a cargo de una reforma fiscal actualmente en discusión parlamentaria, donde la oposición lucha denodadamente por conservar los derechos adquiridos por determinadas categorías que tendrían que ceder sus privilegios para recuperar fondos para ser destinados a reformas sociales, principalmente pensiones.
No debemos olvidar que Chile, a pesar de años de crecimiento, el próximo año será el único país de la región latinoamericana en recesión y los problemas económicos internacionales que han incrementado la inflación, han reducido considerablemente la popularidad de Boric que podrá contar con menos apoyo popular para llevar a cabo sus proyectos.