por Paolo Menchi –

Quedan veinte días para la fatídica fecha en que los chilenos deberán decidir si aprueban o no la nueva constitución, elaborada por una asamblea elegida por sufragio universal y que representó a todos los partidos, luego de un trabajo que duró cerca de un año, que podría reemplazar a la actual Carta, que data de la época de la dictadura de Pinochet.
Aunque la clara mayoría de los chilenos votó por el cambio de la Constitución, las encuestas de momento están ganando el rechazo al nuevo texto, gracias a una propaganda muchas veces parcial de los partidos de derecha que han asumido algunas de las reformas previstas para extremo, asustando a esta parte del país que teme perder posiciones privilegiadas.
En particular, se han explotado los artículos que atribuyen mayores facultades a los pueblos indígenas y se ha presentado el derecho al agua, la educación y la salud pública como una privación del sector privado en estas áreas, configurando una especie de nacionalización que correría el riesgo de establecer la misma discusión sobre la propiedad privada.
Precisamente en un intento por evitar la derrota, la coalición de gobierno que apoya al presidente Boric ha llegado a un acuerdo para modificar algunos puntos clave de la nueva constitución que, evidentemente, sólo se introducirá si se aprueba en el referéndum del 4 de septiembre.
En primer lugar, se estableció que el mecanismo que prevé el dictamen de la consulta de los pueblos indígenas sólo se aplicará para asuntos que les conciernen directamente y no para asuntos de carácter nacional o cambios constitucionales, destacando que, al otorgar autonomía, Chile es único e indivisible.
En lo social, se recordó que el Estado debe intervenir para garantizar el derecho a la salud, los estudios y las pensiones, sin por ello excluir a quienes se desempeñan en estos sectores a título privado, otorgándole al Estado un papel principal y protagónico. más débil También se precisó que toda actuación del Estado en favor de los más pobres no es contraria al mantenimiento del derecho a la propiedad privada de la vivienda.
En el tema de la seguridad, se precisó que en caso de una emergencia susceptible de perturbar la seguridad pública de una u otra forma, a solicitud de las autoridades civiles, también podría intervenir el ejército, siempre dentro de los límites de las leyes y la salvaguarda La regla de la ley.
En el plano político, el pacto no menciona si se mantendrá la supresión del Senado, como exige el nuevo texto constitucional, sino que habla genéricamente de una búsqueda de un mejor equilibrio entre los poderes legislativo, ejecutivo y local, introduciendo en su lugar la no reelección del Presidente.
Finalmente, en cuanto a la disposición constitucional que había suscitado discusiones, a saber, la creación de un Consejo de Justicia integrado por 17 personas, incluidos ocho magistrados, dos naturales y cinco designados por las Cortes Generales, el Gobierno anunció el acuerdo de modificar la composición de este órgano por presentar una mayoría de jueces.
Está por ver si, con estos cambios y aclaraciones, será posible un regreso de los partidarios del cambio constitucional, aunque por el momento no hay mucho optimismo.